Un juez estadounidense ha dictaminado que las víctimas de los atentados del 11-S no tienen derecho a embargar 30.500 millones de dólares.
Los abogados que buscan la indemnización argumentaron que estos fondos podrían utilizarse para pagar sentencias judiciales que habían ganado contra el gobierno talibán de Afganistán.
Los talibanes habían permitido a los militantes de Al Qaeda operar desde Afganistán en la época de los atentados de 2001.
2.977 personas murieron en los ataques suicidas con aviones contra Estados Unidos.
Los fondos están congelados en Estados Unidos, y el juez George Daniels afirmó que estaba "constitucionalmente restringido" para aprobar el acceso porque hacerlo equivaldría a declarar que los talibanes eran el gobierno legítimo de Afganistán.
Señaló que, dado que la administración Biden se había negado a reconocer a los talibanes, tampoco podían hacerlo los tribunales estadounidenses.
En su sentencia de 30 páginas, el juez Daniels declaró que aunque "los acreedores judiciales tienen derecho a cobrar sus sentencias en rebeldía y a ser resarcidos por el peor atentado terrorista de la historia de nuestra nación, no pueden hacerlo con los fondos del banco central de Afganistán".
"Los talibanes deben pagar por su responsabilidad en los atentados del 11-S, no la antigua República Islámica de Afganistán ni el pueblo afgano", continuó.
Una coalición militar liderada por Estados Unidos derrocó a los talibanes en Afganistán en 2001, pero tras la retirada de las fuerzas occidentales en 2021, los talibanes retomaron el poder.
Antes de que los aviones se estrellaran contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono en el norte de Virginia, y un cuarto jet se estrellara en un campo de Pensilvania, los atentados del 11 de septiembre fueron planeados desde Afganistán por Al Qaeda, una red extremista islamista.
La decisión del juez supone un revés para quienes habían intentado reclamar una parte de los 7.000 millones de dólares en fondos congelados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York en nombre del banco central de Afganistán.
Según Lee Wolosky, abogado que abogó por la indemnización de las víctimas, "esta decisión priva a más de 10.000 miembros de la comunidad del 11-S de su derecho a cobrar una indemnización de los talibanes". "Apelaremos porque creemos que la decisión ha sido incorrecta.
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