Un tribunal revocó la ciudadanía a 94 disidentes en Nicaragua.
El galardonado escritor Sergio Ramírez, la poetisa Gioconda Belli y el obispo católico Silvio Báez figuran entre los tachados de "traidores a la patria"."
Los 94 se han opuesto abiertamente al presidente Daniel Ortega, que cumple su cuarto mandato consecutivo.
Se unen a otros 222 críticos con el gobierno a los que se les retiró la ciudadanía la semana pasada como el segundo grupo que experimenta esta situación.
Expertos jurídicos han considerado la medida contraria al derecho internacional.
Los 94 habían cometido "actos delictivos en perjuicio de la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense", según el juez Ernesto Rodríguez.
"Ante estos hechos, los acusados ya no pueden ser considerados ciudadanos nicaragüenses", continuó, y declaró que sus bienes nicaragüenses serían incautados.
Muchas de las 94 personas de la lista son expatriados. A pesar de que muchos de ellos huyeron de Nicaragua antes de que se presentaran cargos en su contra, el juez aún se refirió a ellos como "fugitivos de la justicia".
Uno de los que ha estado residiendo en el exilio en España es el escritor Sergio Ramrez, quien fue galardonado con el Premio Cervantes de Literatura 2017 en España.
En el pasado, Mr. Ramrez fue un aliado de confianza del presidente Ortega y, entre 1985 y 1990, ocupó el cargo de vicepresidente del presidente.
Sin embargo, abandonó el Partido Sandinista liderado por Ortega en 1995 en protesta por las supuestas "tendencias autocráticas" de este.
En junio de 2021, el Sr. Ramrez abandonó Nicaragua cuando varios activistas de la oposición estaban siendo detenidos. Fue acusado de incitar al odio y planear la desestabilización de Nicaragua tres meses después.
El obispo auxiliar de Managua, que vive en Miami desde hace casi tres años, y un ex embajador nicaragüense que calificó a su propio gobierno de dictadura y vive desde entonces en Estados Unidos también fueron despojados de su nacionalidad el miércoles.
Habían cometido "actos delictivos en perjuicio de la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense", según el juez Rodríguez.
Los acusados "ya no pueden ser considerados ciudadanos nicaragüenses como consecuencia de estos hechos", agregó.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Centroamérica denunció la acción e instó a Nicaragua "a cesar de inmediato la persecución y las represalias"."
