¿Está dispuesto el Gobierno británico a utilizar un conocido poder de veto de Stormont para ganarse la cooperación del Partido Unionista Democrático (DUP) en un acuerdo de Protocolo para Irlanda del Norte?
La principal exigencia del DUP ha sido abordar el "déficit democrático" del protocolo.
Una de las siete pruebas del DUP esboza los requisitos que debe cumplir cualquier acuerdo para que el partido lo apoye.
Cualquier acuerdo "debe dar al pueblo de Irlanda del Norte la posibilidad de opinar sobre la elaboración de las leyes que les gobiernan", según la cláusula.
Una estrategia que se está debatiendo en medio de las negociaciones implicaría una versión modificada de la polémica petición de preocupación de Stormont.
Su objetivo es defender los puntos de vista minoritarios y evitar el gobierno de la mayoría.
Para garantizar que la aprobación sólo pueda concederse con un amplio apoyo de la comunidad, la petición debe estar firmada por 30 miembros de la asamblea.
El procedimiento se creó inicialmente como una forma de proteger los derechos de las minorías en la Asamblea de Stormont y se introdujo como parte del Acuerdo de Viernes Santo.
Cualquier moción o enmienda requerirá el apoyo de todas las comunidades si se presenta una petición de preocupación al presidente de la asamblea.
En tales casos, la legislación propuesta sólo se aprobará si recibe el apoyo de una mayoría ponderada (60%) de los miembros que votan, incluyendo al menos el 40% de las designaciones nacionalistas y unionistas presentes y votantes.
Esto significa efectivamente que una comunidad puede ejercer un veto sobre las decisiones de la asamblea si la mayoría de sus MLA están de acuerdo.
Una petición necesita 30 firmas de MLA para ser considerada legítima.
Con el pleno apoyo de Stormont, ¿podría utilizarse ahora esta herramienta para intentar bloquear cualquier nueva norma o reglamento de la UE?
De nuevo, sólo serían necesarios 30 miembros de la asamblea para oponerse a un reglamento e informar al gobierno de dicha objeción.
El Gobierno tendría entonces la oportunidad de impugnar esa norma y negarse a participar en el Comité Mixto con la UE, que supervisa la ejecución del protocolo.
Una solución como ésta devolvería el poder a los políticos de Stormont, y el requisito de las 30 firmas sólo permitiría a los unionistas oponerse a los reglamentos.
Sin embargo, no sería lo mismo que un veto de Stormont por sí solo.
En su lugar, el Gobierno sería responsable de plantear la cuestión a la UE.
Aunque no está claro si este mecanismo se ha planteado formalmente en las conversaciones con el DUP, sí se ha planteado en algunos círculos.
